Cuatro meses después de que se aprobase el decreto ley de medidas urgentes para el alquiler, las repercusiones en las ciudades donde más han subido las rentas son prácticamente nulas. Los precios siguen su escalada sin tregua —cerca de un 3,5% al mes en toda España— y las condiciones para los inquilinos, aunque reguladas por el texto legal de marzo, continúan sin cumplirse ante la falta de mecanismos que controlen su puesta en marcha.
El caso más claro es el de las fianzas, que se limitaron a un mes como máximo en uno de los puntos más aplaudidos: "Había muchos inquilinos que se quejaban de que pedían cifras astronómicas para poder acceder a un alquiler", explica Beatriz Toribio, directora de estudios de Fotocasa. "Hay que tener en cuenta que el alquiler está muy ligado a la movilidad y es una manera de independizarse para muchos, pero no pueden asumir esos costes".
Sin embargo, el cambio legal no ha tenido ninguna incidencia real en las condiciones que piden a los futuros inquilinos. Pamela, una niñera de República Dominicana, lleva desde febrero buscando un piso en Madrid con su sobrina y su hija, poco antes de que se aprobase el actual decreto. Con el cambio no ha notado ninguna diferencia ni en los anuncios de alquiler ni en la veintena de viviendas que lleva visitadas: "Hace poco vimos uno que nos pedía dos meses de fianza, otro de agencia y el mes entrante. Vamos, cuatro mensualidades, unos 3.800 euros que pierdes ya para empezar".
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